En los actuales mercados capitalistas es fundamental el
concepto de libre competencia que se refiere a la libertad de empresa,
fijación de precios, expansión de mercado y no monopolio o abuso de la
actividad económica.
Es
un recurso básico para lograr el abaratamiento de algunos productos,
pues las empresas con el fin de incrementar el número de clientes frente a sus
rivales deben esforzarse en mejorar sus servicios y reducir el precio de los
mismos.
Legislación
El
artículo 38 de la Constitución Española aprobada en 1978 reconoce la
libertad de empresa. A partir de este artículo se han desarrollado diversas
leyes con el fin de regular el concepto de libre competencia.
La
Ley 15/2007 de 3 de julio es la que regula actualmente estas cuestiones
en el estado español. Uno de los cambios principales que introdujo fue
sustituir y agrupar los organismos de Servicio de Defensa de la
Competencia y Tribunal de Defensa de la Competencia por un solo organismo, la
Comisión Nacional de Competencia.
Legislación europea
Además
de la legislación propia, también son de obligado cumplimiento las normativas
europeas al respecto. Estas leyes complementan a las españolas.
En
algunos asuntos importantes como las grandes concentraciones de empresas es
obligado informar a la Comisión Europea, cuya decisión será vinculante.
Comisión Nacional de
Competencia
Es
un organismo independiente del gobierno que se encarga de vigilar el
cumplimiento de la ley tanto por parte de las entidades públicas como de las
privadas.
Entre
sus funciones destacan las siguientes:
·
Realizar estudios
sobre la situación de competencia entre las empresas.
·
Controlar la intervención
de las administraciones públicas en la situación del mercado.
·
Informar sobre los planes, leyes, infracciones cometidas por
las empresas, apertura de expedientes y todo lo que pueda resultar de interés
para los ciudadanos.
·
Vigilar las posibles concentraciones de empresas que puedan
alterar el funcionamiento del mercado y perjudicar al consumidor.
Objetivos de la ley de libre competencia
Lo
que persigue tanto la legislación española como la de la Comunidad Económica
Europea es mejorar las condiciones del mercado en cuanto a precios,
producción, distribución y retribución de los empleados.
Para
el cumplimiento de los mencionados objetivos se prohíben entre otras
cosas:
·
Los acuerdos entre
empresas para la fijación de precios.
·
El abuso por parte de
las grandes empresas en perjuicio de los pequeños comercios.
·
Los acuerdos entre
empresas para el reparto del mercado.
·
Las concentraciones o
adquisiciones de empresas que impliquen el monopolio de un determinado sector o
puedan perjudicar la situación de mercado.
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